Ante el preocupante alargamiento de los plazos de pago, el ministro de Economía se plantea endurecer las sanciones. También reconoce las dificultades del sector público para dar ejemplo.
El alargamiento de los plazos de pago preocupa a las empresas, y así lo reflejan las cifras del último barómetro ARC–Ifop: 17,3 días de retraso medio en 2024, frente a los 14,8 del año anterior. Una situación que afecta sobre todo a las pymes y que fue ampliamente comentada durante el desayuno anual de « Cabinet ARC » en el Pavillon Gabriel.
Ante este problema, que se ha convertido en sistémico, el ministro de Economía, Éric Lombard, ha reconocido la necesidad de actuar con mayor firmeza. «Es un tema que nos tomamos muy en serio y que hay que abordar », ha declarado. El Estado podría, en particular, aumentar las multas administrativas impuestas a los morosos. «Todo está sobre la mesa, aún no hemos tomado una decisión, pero hemos pedido a la DGCCRF que nos presente propuestas», precisó.
Denis Le Bosse, presidente de « Cabinet ARC », lleva varios años reclamando un endurecimiento de las sanciones proporcionales al perjuicio sufrido. «El incumplimiento de los plazos por parte de los grandes contratistas supone una asfixia para miles de pymes», ha recordado.
Durante la mesa redonda, el periodista Jean-Marc Sylvestre destacó, además, la escasa cuantía actual de las multas, dirigiéndose directamente al ministro. Este último respondió que la sanción debía estar «a la altura de la injusticia y la ineficacia que suponen estos retrasos», sobre todo cuando proceden de actores que disponen de abundantes recursos financieros.
Pero el propio Estado dista mucho de ser ejemplar. Según el barómetro, más del 55 % de las pymes se niegan hoy en día a participar en licitaciones públicas por miedo a que no se les pague a tiempo. Una constatación que el ministro no ha eludido: «Por supuesto que es un problema, es un mensaje que transmitimos de forma muy contundente».
La implantación progresiva de la facturación electrónica en la contratación pública podría, según él, ofrecer parte de la solución. Kérine Tran, socia y directora general de Cabinet ARC, celebra esta evolución, al tiempo que advierte de las dificultades de transición a las que se enfrentan las empresas más pequeñas: «Para que sea eficaz, la modernización de los procesos debe ir acompañada de un apoyo a las empresas».
Al reafirmar su voluntad de actuar en todos los frentes —control, sanciones y ejemplo público —, el ministro ha confirmado que la lucha contra la morosidad seguirá siendo un elemento clave de su política económica.
